Los diseñadores que plantaron al gobiernoEl concurso de ideas para el nuevo logotipo del gobierno ha acabado como acaban muchos concursos abiertos, con un plagio como resultado, que no podría ser utilizado aunque se quisiera.
Desatendiendo las voces de un sector indignado –recuérdese la carta avalada por la práctica totalidad de las asociaciones– y en una incomprensible huida hacia adelante en vez de enmendar los errores, el convocante ha mirado hacia otro lado. Y lejos de cuestionar la validez de un resultado vergonzante, el
creador (?) del logo no sólo va a cobrar la dotación inmerecida sino que ha sido invitado al segundo concurso.
De todo esto, quizá lo peor es el fraude que supone para el resto de participantes. Es cada vez más habitual que los diseñadores profesionales no participen en este tipo de concursos, ni siquiera la expectativa de ganar es un aliciente para diseñadores establecidos que no necesitan especular con su trabajo. Esta es también, oficialmente, la postura de la mayoría de las asociaciones, dejando quizá al margen a la AEPD, que ha defendido últimamente los concursos abiertos “pero entre profesionales”. Hay que decir que esta es una postura novedosa, auspiciada por la actual directiva, tradicionalmente esta asociación ha sido de las más beligerantes en su negativa a los concursos abiertos, y queremos pensar que este nuevo rumbo no es necesariamente respaldado por la mayoría de sus asociados. En cuaquier caso, cabría esperar de los convocantes una actitud menos política; que los doce mil euros recompensen un trabajo que por razones obvias no va a utilizarse y por tanto no cumple los objetivos de la convocatoria, es un fraude, no ya sólo a los ciudadanos, que podemos indignarnos ante una malversación manifiesta de los recursos públicos, también a los más de trescientos bienintencionados participantes, que han de asistir pasmados e impotentes al atropello.
Durante el mes de agosto se convoca la “continuidad” de concurso, esa segunda entrega restringida para el desarrollo de la nueva identidad. Este nuevo concurso, otra vez sin remuneración, exigía nada menos que la presentación de diez paneles que incluyeran desde el propio logotipo y sus versiones secundarias, hasta las aplicaciones en
merchandising (regalos, gorras, camisetas, boligrafos, etc), pasando por el
photocall, cartela de spot para TV, creatividad en prensa, aplicaciones en entorno web, carteles, placas y señalética. Debía añadirse a ello además un manual básico de normas gráficas que recoja los usos y aplicaciones del diseño. Hay que insistir, porque parece increíble: todo ello para concursar, sin cobrar por ello, y se pretendía que participaran los primeros espadas del diseño patrio.
Una primera convocatoria es lanzada a una restringida selección de diseñadores conocidos, entre los que se encuentran varios premios nacionales. El importe máximo del contrato es de 30.000 euros IVA incluido, en el entendido de que la licitación lo es también en precio, pudiendo el participante rebajar dicha cuantía. Por poner un ejemplo, el gobierno de Cantabria, sin tantas exigencias y siendo un trabajo de envergadura y dificultad mucho menor, acaba de convocar un concurso similar con un presupuesto de 100.000 euros.
Resulta evidente que ni las cuantías ni las exigencias entran dentro de la lógica del mercado. Varios de los convocados manifiestan su malestar y declinan la invitación a presentarse, lo que provoca, por un lado, una segunda lista de convocados que llega hasta quince. En un intento de salvar los muebles, esta segunda invitación se acompaña de un documento explicativo, que lejos de aplacar los ánimos, los enciende aún más. En él se matiza, frente a las exigencias a las que aludíamos, que
“En este concurso se espera una propuesta conceptual, no un manual de identidad visual. Esta propuesta deberá plasmarse, como mínimo, en un cartón pluma de 30cm x 42 cm. El plazo para su presentación es hasta el 12 de septiembre. No es necesario, aunque si recomendable, la realización de versiones en blanco y negro, negativo-positivo, así como identificadores en niveles o aplicaciones en diferentes soportes. Es decir, el material que los participantes consideren que es necesario para que se produzca la comprensión de la propuesta y la ponderación de sus rendimientos técnicos. La presentación de las diez láminas indicada en el pliego de prescripciones es una sugerencia meramente orientativa”. Para entendernos, las exigencias son ahora recomendaciones, en un intento de evitar la desbandada.
Pero no es eso todo, el cuarto punto del documento titulado
“¿Por qué la participación en este concurso no está remunerada?” dice:
“El Gobierno tiene la máxima consideración por los profesionales del diseño y es plenamente consciente de la importancia de su trabajo”. Vaya, no había ninguna necesidad de afirmarlo, sólo puede existir un motivo: son muy conscientes de lo contrario. Sigue:
“Por eso ha querido contar con los mejores en lo que entendemos que es uno de los trabajos más destacados que se pueden realizar en nuestro país en el campo de la imagen visual institucional”. ¿Es necesario tanto halago y empalago cuando de lo que se trata es simplemente de contratar profesionales en la plenitud de conciencia de lo importante que es su trabajo?. Ciertamente no. Se diría que trata de compensarse con ello la absoluta falta de respeto manifiesta en todo este proceso por el trabajo y los conocimientos de los diseñadores. Y apostilla:
“Pero las normas de derecho administrativo que rigen los contratos de la Administración General del Estado impiden la remuneración previa por la participación de estos concursos”. Esto puede ser cierto, pero no del todo, porque es legalmente eludible si hay voluntad para ello. Basta con convocar a través de una Sociedad Estatal, curiosamente hay una dedicada precisamente al diseño, a quienes debe salirles el dinero por las orejas a juzgar por lo que invierten en promocionar la artesanía. Se ha hecho otras veces, y se volverá a hacer. También puede convocarse un concurso, restringido o no, en el que no haya que trabajar por adelantado: valorándose trabajos anteriores, curriculum, trayectoria, propuesta económica, etc. A partir de ahí, se elige al diseñador más apropiado y sólo ese realiza el trabajo y lo cobra. Igual que cuando contratan la adquisición de sus vehículos oficiales, o la redecoración de sus despachos. Y para acabar de arreglarlo, en lo que ya supone un menosprecio que roza el insulto, concluye el documento:
“En cualquier caso, la Secretaría de Estado de Comunicación está estudiando el tema y tiene previsto algún tipo de publicación de los trabajos, como reconocimiento del trabajo de los diseñadores, ya sea a través de una exposición o de una publicación y siempre de acuerdo con los autores”. Esto nos suena. Este del libro es exactamente el mismo argumento que vienen utilizando el BCD y el Ministerio de Industria desde hace años, cuando se les pregunta cómo es posible que existan más de cincuenta Premios Nacionales en nuestro país, todos ellos con dotación económica, y sólo uno, el Premio Nacional de Diseño, carece de ella. Parece que tratándose del colectivo del diseño los agravios son extrapolables y reutilizables. No es de recibo ese paternalismo, no es admisible que haya dinero para pagar libros y exposiciones que no son sino propaganda y triunfalismo del convocante y no lo haya para remunerar los trabajos que contengan. Los diseñadores no necesitan que se les deslumbre con espejitos ni abalorios, a buen seguro que se contentan con que se les pague su trabajo.
Los convocados
Cuando hemos ido conociendo cómo se desarrollaba esta segunda convocatoria, hemos querido hacer un pequeño trabajo de campo, a efectos meramente estadísticos, contactando a los convocados para saber cuántos de ellos iban a participar. En realidad no es importante quién sí y quién no, con la misma energía que podemos criticar las convocatorias de los concursos abiertos y los no remunerados, si estamos convencidos de que son contraproducentes para el convocante y para los diseñadores, con esa misma energía habrá que defender que mientras sigan convocándose, cada diseñador deberá legítimamente decidir qué postura toma, y si participa o no.
Pero los datos son concluyentes: de los quince convocados, doce diseñadores han manifestado no tener intención de presentarse; uno sí se presentará, uno no contestó y con otro no pudimos contactar. La primera reflexión ha de ser positiva. Dejando de lado que sus motivos sean egoístas o por la defensa del colectivo, es de agradecer que la inmensa mayoría no se preste a dar validez a lo que no la tiene, aunque, al margen del tema económico, la rentabilidad en imagen y la repercusión de un encargo así sea un caramelo para cualquiera.
Hasta aquí la denuncia o pataleta si se quiere, y la reivindicación gremialista. No es importante. El error enorme de este concurso es estratégico. Pensar que el problema es de colores, tipografías, trazos, o elementos gráficos que cualquiera pueda proponer en un concurso abierto es ingenuo. Para llegar a la conclusión de que debe estar el escudo, los colores de la bandera y el lema Gobierno de España les habría bastado con una llamada a Norberto Chaves, a Joan Costa o a Amando de Miguel. Se lo hubieran dicho gratis.
El efecto O.T.
En el fondo, y esperemos que no cunda el ejemplo, lo que está sucediendo es que convertir la creación gráfica en objeto de campaña de imagen puede resultar políticamente rentable. Y por lo mismo, si sale mal el coste en imagen es proporcional. Cuando la convocatoria del concurso es en sí el objetivo, los resultados son impredecibles. Está sucediendo también con la elección del distintivo para la candidatura olímpica de Madrid. Si entre 2691 propuestas, las diez mejores son las que con tanta reiteración hemos visto en los medios, a nadie escapa que el proceso era equivocado. Siempre que el objetivo fuera conseguir el mejor identificativo. En el más puro estilo televisivo, nadie sabe ni quién ni cómo ha hecho la selección. Ahora, mediante un sistema de votación ingenuamente fácil de manipular, se elegirán tres. Y otra vez, sabios expertos de incuestionable prestigio tendrán que decidir entre esos, que aunque en las bases pone que pueden dejarlo desierto, no alcanzo a pensar que el político admita que se contradiga la opinión del pueblo. De algo ya estamos seguros, gane el que gane, tendrán un logotipo de calidad discreta y escasísima eficacia. Con su pan se lo coman.
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