crónicas de pseudonimma

CODIG, ¿torpeza o delito?


Hubo una época en que un grupo de mediocres diseñadores quisieron alcanzar el control de esta profesión promoviendo un Colegio de obligado cumplimiento. La Generalitat les concedió finalmente su colegio, pero con buen criterio decidió que fuera voluntario, o lo que es lo mismo, innecesario e inoperante, una anécdota en la estructura profesional del diseño. La historia del CODIG, la asociación previa al Colegio, está llena de claroscuros, algún día se sabrá cómo funcionaba aquella Expocodig, s.l., una sociedad limitada participada por los miembros de la junta directiva que “facturaba” las actividades de la asociación, que como tal no podía tener beneficios. Pero eso es otra historia.
Han pasado cinco años desde la constitución del colegio. Actualmente hay alrededor de 275 colegiados, en una actividad que se cifra en varios miles de profesionales en Catalunya. El colegio es en realidad un chiringuito, un grupo de amiguetes, y con ello proyecta una imagen pobre e irrelevante del colectivo. Pese a disfrutar de una posición manifiestamente dominante, no ha podido siquiera acercarse a las cifras de miembros de las asociaciones catalanas de diseñadores, que han demostrado un poder de convocatoria, una presencia en la sociedad y una eficacia y capacidad de generar actividad infinitamente mayor. La constitución del colegio ha supuesto un estrepitoso fracaso, que cuestiona por un lado la capacidad de sus gestores –y ahora su honestidad–, y confirma por otro que el diseño no precisa ni desea estructurarse dentro de una organización colegial que no aporta ningún beneficio que no estuviera ya en las asociaciones.

La creación del Colegio suponía un proceso de homologación para aquellos profesionales que no teniendo los títulos académicos requeridos, demostraran su actividad profesional en el tiempo y solicitaran la colegiación. El Parlament de Catalunya en el redactado de la ley fijaba un plazo de cinco años para este proceso. Ha pasado este plazo, y es un hecho constatable que los profesionales en su mayoría han decidido no acogerse a esa posibilidad. Hay que señalar que estamos hablando de un plazo regulado por ley en el Parlament de Catalunya (DOGC núm.3914 – 30/06/2003, pág. 13024. Ley 11/2003), no se trata de un reglamento interno, ni siquiera estatutario, sino de la Ley.



Imagen de la web del colegio, tomada los primeros días de septiembre. En ella se invita a presentar la solicitud de colegiación, fechándola el 1 de julio.
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El Colegio, que ha de velar por la transparencia y las buenas prácticas en el sector, en su alocada carrera por minimizar su absoluta falta de representación, ha ampliado unilateralmente ese plazo. Para ello, no pudiendo hacerlo de otro modo, invita en su web a presentar la solicitud de colegiación “falseando” la fecha. Nos quedamos atónitos cuando lo vimos; aunque entendemos lo desesperado de su situación, pues con el plazo expira también la posibilidad de que el grueso de la profesión, los diseñadores emblemáticos y más representativos lleguen a colegiarse nunca, a pesar de ello, no podíamos creer que la desfachatez llegara hasta ese punto. Esta práctica constituye una irregularidad de enormes proporciones, que derivaría muy posiblemente en consecuencias legales para los solicitantes y para el propio colegio, si alguien lo denunciara. Un colegio invitando a la falsedad en documento a los profesionales para así burlar la ley, nos parece que esto es la gota que colma el vaso. Aunque nunca hemos defendido la colegiación ni creído en ella, quienes han cumplido con los requisitos y los plazos no merecen que la legalidad de su condición de colegiados quede ahora en entredicho. Cuando el comité homologador se reúna, ¿cómo sabrá cuáles entre las solicitudes que le sean presentadas lo son de acuerdo a la ley, y cuáles han sido falseadas para burlarla?.

Esta profesión no se merece esto. El sentido común exige la dimisión inmediata de la junta directiva. Deberán ser los colegiados quienes se replanteen el rumbo y el proceder futuro de este organismo. Por nuestra parte, lo tenemos muy claro: la profesión ya ha demostrado que no quiere un colegio que le represente. Con esto ha quedado demostrado que los pocos que lo pretendieron, incluso tratando de imponer la obligatoriedad al resto de diseñadores, no han sido capaces de llevarlo adelante con un mínimo de dignidad y ética. Lo que se impone es su disolución. Aunque esa es, insistimos, una decisión que compete a los colegiados. Pero afecta muy gravemente a la imagen de todo el diseño.

(Editorial publicado en la revista VISUAL, nº 134).