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Ayer pedimos un número de ISBN en la editorial donde trabajo. No puedo resistirme a reproducir la respuesta por email, confirmando nuestra solicitud.
“Su correo ha sido recibido correctamente. No repita el envío del (de los) formulario(s) ya enviado(s) ya que puede provocar retrasos en su tramitación. Por favor, no telefonee ni escriba para preguntar por los plazos de tramitación: la Agencia no mantiene correspondencia sobre ese asunto. Muchas gracias”. Con ello, posiblemente nuestro libro no esté en la calle hasta bien entrado el mes de julio, todo por un numerito que cuando dependía de los vagos e ineficaces funcionarios se obtenía en tres días. Y que hoy es un misterio saber cuanto puede tardar. Fastidiará nuestra labor, comprometerá la viabilidad ya de por sí escasa de una edición como las que hacemos los pequeños editores, y se venderá menos, lo que repercutirá también en los ingresos del autor.
La agencia del ISBN ha sido un servicio que funcionaba bien. Dependía de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras. Obtener un número de ISBN es un requisito obligatorio para editar un libro en este país. Y era gratuito. Está previsto que dentro de unos meses sea de pago.
Se me escapan los entresijos del cómo y el porqué, pero a finales del año pasado este servicio se privatizó. A partir de ese momento, su gestión es contratada (aunque lo disfracen con el eufemismo de “convenio”) sin concurso a una entidad privada. Estamos hablando de cientos de miles de euros al año.
Cuando era un servicio público, además de asignar “numeritos” la agencia mantenía al día la base de datos del ISBN, un instrumento esencial para editores, libreros, bibliotecas, autores, centros de formación… y lectores. Esa base de datos ha dejado de estar al día, con lo que deja de ser un instrumento fiable. ¿Extraño? No tanto.
Quien ahora se encarga de gestionar los ISBN es la (FGEE) Federación de Gremios de Editores de España. Con ese nombre puede sonarnos a que ahí estamos representados en pie de igualdad todos los que editamos, pero no seamos ingenuos. Esto es una patronal, y como en todas las patronales, tanto facturas, tanto vales y tanto decides. O lo que es lo mismo, ahí los que mandan son los grandes editores, y las decisiones se toman según los intereses de éstos.
El requisito obligatorio de tener un número para poder editar queda al albur de unos señores que son juez y parte, que deciden a quién le retrasan el trámite, y se curan en salud con ese enojante “no telefonee ni escriba para preguntar por los plazos de tramitación: la Agencia no mantiene correspondencia sobre ese asunto”. Evidentemente, aquí los editores esporádicos y los autores-editores –que tanto inquietan a los “editores de verdad”– son los que llevan las de perder, los que ya están perdiendo. El lobo al cuidado de las ovejas, y sacando de ello buena tajada.
Decíamos que la base de datos del ISBN, que cualquier ciudadano podía consultar, ha dejado de ser un instrumento fiable, lo que podríamos atribuir a los comienzos y rodaje de la nueva situación… otra vez pecaríamos de ingenuos. La FGEE tiene su propia base de datos, llamada DILVE, que se nutre del trabajo que los editores hacen “enriqueciéndola” cada vez que editan un libro. Un esfuerzo que nadie les paga, pero que hay que hacer porque hay que estar. Los editores, además de hacerles el trabajo, deben pagar por ello.
Por cierto, no intente usted acceder como ingenuo ciudadano, no podrá. Y no sería extraño que nos enteráramos más pronto que tarde de que esa base de datos se está vendiendo a quienes tienen dinero y pueden sacar partido de ella.
No hay que atar muchos cabos para entender por qué la base de datos del ISBN, a la que usted sí puede acceder, ya no se actualiza como antes. Bienvenidos a la economía de mercado. Lástima que, como en tantos otros asuntos, el mercado sea para unos pocos y nuestros gobernantes les den todas las facilidades para ello.