Este blog está discontinuado
Hola. Este blog ya no se actualiza. Pero me pareció bien que todo este material siguiera estando ahí. Por si alguna vez alguien quiere leerlo, y por contribuir a la basura informática.
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19.9.07
La piratería de tipos y el discurso moral de las foundries
(ilustración: Beto Compagnucci)
“Y a los diseñadores creyentes os digo: la piratería de tipos es pecado”. Aun resuena en los oídos de muchos esta memorable frase que hace unos años pronunciara en el primer congreso de tipografía en Valencia el señor Hartmann, la voz más intransigente en lo que a uso de fuentes sin pasar por taquilla se refiere.
Poco podemos objetar al respecto quienes no creemos en la existencia del pecado, y caso de existir, nos apuntaríamos con fervor a la libertad de práctica. Pero nos da una idea de hasta dónde pueden llevarse los argumentos en lo que en principio no debería ser sino un asunto de práctica comercial, amparado por las leyes. La piratería (de fuentes o de lo que sea) es la única regla de mercado que se pretende argumentar apelando a los asuntos morales. Lo hace la Sgae y lo hacen las foundries. No caigamos en su trampa. El único motivo por el que no utilizamos fuentes sin licencia es porque se vulneran las leyes, en ningún caso es conveniente ningún otro argumento.
Ese discurso moral es inaceptable sobretodo por venir de donde viene. Hubo una época en que no existía la piratería, porque las tipografías residían en soportes físicos tales como acetatos para las fotocomponedoras, rígidos y pesados discos de plexiglás o tipos de plomo. Incluso aquellas cabezas esféricas que se utilizaban en las Composer de IBM daban soporte físico a la propiedad intelectual del diseñador de tipos. Aquellos objetos eran carísimos como lo eran las máquinas necesarias para darles uso. Hasta entonces, la piratería de fuentes no existía.
¿No existía? Eso sería mucho decir. Entonces y ahora el tipógrafo es víctima de otra piratería legal, mucho más dañina. Tomemos como ejemplo el de la Helvética y la Triumvirate, pero hay cientos y ninguna de las foundries está libre de “pecado”. Las principales empresas de tipos digitales que hoy conocemos eran en realidad antes del postscript los fabricantes de aquellos artilugios de composición tipográfica, o estaban estrechamente vinculados a ellos: Linotype, Monotype, Compugraphic (posteriormente adquirida por Agfa), sin olvidar a Letraset y sus alfabetos transferibles, son sólo algunos nombres que hoy identificamos como fundiciones digitales, pero cuya actividad se remonta a los tiempos en que la composición de textos aun estaba vetada a los usuarios. Bajo el paraguas de una ley del copyright americano que hacía difícil proteger el diseño de alfabetos, penalizando, eso sí, la coincidencia en el nombre, aquellas empresas se copiaban unas a otras las tipografías, una tenía el original y las demás las alternativas clónicas. No consta que ello generara conflictos, porque todas en mayor o menor medida se veían obligadas a echar mano de los diseños de la competencia, y convivían en un pacto de no agresión que a todas interesaba. No hubiera pasado nada, si no fuera porque esos clones no tienen diseñador, es decir, nadie se llevaba los correspondientes royalties, lo que hacía si cabe más jugoso aquel acuerdo tácito. O acaso, ¿alguien sabe quien es el diseñador de la Triumvirate (Helvética, Max Miedinger), o de la Humanist 531 (Gill Sans, Eric Gill)?. O lo que es lo mismo, las foundries salían ganando, unas veces una, otras veces otra, a costa del tipógrafo, que perdía siempre y no cobraba nunca.
Eran años en que cada vez que le pedías a un servicio de fotocomposición una tipografía “no disponible” para su sistema, echaba mano de unas fotocopias no oficiales de equivalencias, para elegir la alternativa. Aun recuerdo cuando Repsol cambió su identidad corporativa e impuso la Syntax. Era una tipografía poco conocida, y disponible sólo en los equipos de fotocomposición de una marca. Mi componedor de confianza de aquella época me sugirió que adquiriéramos la “Cyntal”, compatible con sus equipos, para atender los encargos de esa empresa. Así lo hicimos, nunca nadie se dió cuenta de que usábamos una Syntax pirata... que nos había costado más de trescientas mil pesetas de la época. Eso sí, con factura, desglose de impuestos y hasta licencia de uso.
Las cosas han cambiado mucho, hoy somos los usuarios los que estamos bajo sospecha. Y aun así, desde el punto de vista estrictamente ético, hay una gran distancia entre el uso y disfrute de un tipo de letra sin haber abonado la licencia correspondiente, y la clonación tipográfica sin pagar royalties para vender copias a varios cientos de miles de pesetas la unidad. Hoy se nos exije pagar una licencia “legal” de uso por una tipografía copiada, sin que en muchos casos haya un diseñador detrás que cobre sus derechos, simplemente porque se ha tomado un diseño, se ha cambiado el nombre y ya no hay a quién pagarle. A diferencia de otras prácticas criminales, desde la vulneración de los derechos de autor (música, películas, libros...) al consumo de drogas, en los que se persigue duramente la comercialización y enriquecimiento pero se modera la pena por el uso o consumo, en el caso de las tipografías sucede lo contrario: es perfectamente legal comercializar a nivel mundial una Helvética bastarda a la que se le ha cambiado el nombre, pero se castigará a quien haga uso de ella sin licencia, por muy bastarda que sea. El absurdo llegó hasta el punto de que adquiriendo un programa de diseño de precio irrisorio (y calidad nefasta, hay que decirlo) como CorelDraw, se obtenían centenares de fuentes de nombres sospechosos, al que acompañaba un catálogo en el que sin ningún pudor se especificaba la “equivalencia” con las fuentes plagiadas. En el colmo de la impunidad, se añadía el siguiente aviso legal: “El símbolo “~” que aparece a continuación de los nombres de determinados tipos de letra mostrados en este manual significa que tales tipos de letra son similares a otros tipos identificados disponibles a través de otros fabricantes”.
En los años setenta, mucho antes del postscript y los macs, Ed Rondthaler afirmaba en el número 1 de la revista U&lc que el copiado de tipos era tan antiguo como la propia fundición. “La fotocomposición ha sido la salvación tecnológica del negocio de la composición tipográfica, pero cuando se utiliza sin ética, no hace sino robar al diseñador tipográfico sus medios de vida”, afirmaba. En aquel artículo pidió a los diseñadores que boicotearan a los suministradores que no hicieran uso adecuado de las patentes de los diseños, comparando esta práctica con la falsificación de moneda. Otro fraude legal muy extendido últimamente está en las llamadas tipografías corporativas. Los distribuidores de fuentes, que no siempre son quienes ostentan los derechos, sino que compran y venden licencias, están ofreciendo a las grandes corporaciones tener su propia tipografía. Bien está en aquellos casos, casi inexistentes, en que se les realiza un diseño específico. Pero casi siempre lo que se hace es “personalizar” o “customizar” un diseño de calidad contrastada, al que se le cambia de nombre, en el mejor de los casos se realiza alguna modificación imperceptible, y por una fuerte suma de dinero se le cede a la empresa la exclusiva y uso indiscriminado de esa “nueva” fuente. Es una operación interesante para las compañías que se verían obligadas a pagar miles de licencias para los terminales de todos sus empleados, y lo es también para la empresa que realiza el negocio, que muchas veces ni siquiera tiene la exclusiva del original. Otra vez, el que se queda sin cobrar es el diseñador de la tipografía original.
17.9.07
Inaugura blog Xènia Viladàs, y hay que decir que promete. Xènia es eso que llaman una voz autorizada en esto del diseño, por conocimiento y trayectoria. Tiene información de primera mano, no en vano ha estado dos años de baranda en el Ddi, y además la procesa y ordena y transmite como pocos, que a los que somos dispersos nos anonada lo bien amuebladita que tiene la cabeza. Empieza fuerte, lean si no el post sobre los logos, cómo no en el que aporta experiencias sobre la identidad pública.
Después de su paso por el Ddi, ha decidido quedarse en Madrid, a pesar de que la llamemos Chenia. Eso que ganamos.
15.9.07
La Vanguardia publica hoy en un artículo que la SGAE ha interpuesto querella contra la revista literaria Quimera por un artículo de opinión de Trebor Escargot. Jaime Rodríguez, director de Quimera, ha declarado que "es curiosísimo que una organización que nació para defender los derechos de las ideas y la libertad demande a los que creamos las ideas".
Yo iría más allá... ¿es moralmente lícito que el dinero que nos recaudan a todos para que "no desaparezca la cultura", que es el argumento que más gusta a las entidades de gestión, se invierta en pleitos para amordazar a una revista cultural?
Incluso aunque fuera cierto y no lo es que de la lectura del artículo del señor Escargot se dedujera que el honor de la Sgae, que desde cuándo tienen honor las entidades jurídicas, ha sido mancillado y ha de ser restituido, la desproporción es tal que puede afirmarse que lo que hay detrás es una utilización torticera de la ley para callarles la boca. Los abogados de la Sgae los pagamos entre todos, incluidos los autores a los que se les merma su parte de recaudación para éstos y otros menesteres. Una revista independiente, restringida al ámbito de la creación literaria, difícilmente puede enfrascarse en querellas y pleitos aunque los gane, sin que su economía se resienta y peligre su subsistencia. Así, al margen de la sentencia, aquí ya se sabe quien pierde. Ya se sabe que la próxima vez tendrán más cuidado, ellos y tantas otras revistas, blogs, autores, etc. a los que con el dinero de todos es tan fácil callarnos. El objetivo es la autocensura, que es la peor de las censuras, y poco a poco con cosas como éstas, se va cumpliendo. Y ahí seguirán ellos, con su "quien me la hace, me la paga", eso sí, siempre que los costes los sigamos pagando todos los ciudadanos a escote.
Desde aquí sólo se me ocurre una cosa: además de mandar un abrazo a mis colegas de Quimera, reproducir el artículo. Ojalá que otros también lo hagan: quizá, si muchos lo hacemos y lo difundimos, echen sus cuentas estos vigías de occidente de pacotilla y vean que lo de amordazar puede ser también contraproducente.
________
La horda de los gestores
por Trebor Escargot
(PUBLICADO EN EL Nº 282 DE LA REVISTA QUIMERA
En realidad va a parecer que no hablo de literatura, pero sí lo estaré haciendo. Si en este país la piratería prácticamente no afecta al mundo de la literatura, es sólo por motivos circunstanciales, prácticos. Haciendo uso de los medios a nuestra disposición, y obviando la posibilidad de leer en pantalla, en términos económicos hoy en día sale casi por lo mismo fotocopiar un libro que comprarlo. De ahí la narcótica sensación de oasis del noble arte de la escritura, aparentemente a salvo de estos desaprensivos malversadores: los piratas. Pero eso en realidad poco importa, porque la extorsión no tiene a un arte por objeto sino al ciudadano, al lector, al consumidor de productos culturales, y éste (como imagino que es su caso, lector disciplinado) unas veces lee libros y otras ve películas o escucha música. Por eso creo que es importante que usted lo sepa: los piratas existen, están ahí fuera, son malos y nos acechan. Su propósito es acabar con el arte, convertirlo en mercancía y traficar con ella. Le daré algunas pistas para que, en caso de toparse con uno de ellos, pueda usted identificarlo y actuar en consecuencia.
Un confuso vínculo une al pirata con el mundo del arte. Si hoy se dedica a chulearlo y chuparle la sangre en nombre de la gestión y la propiedad intelectual, en otros tiempos lo practicó, normalmente con escasa suerte y altas cotas de mediocridad. Luis Cobos o Pau Donés (que sigue en activo, en serio…) serían ejemplos obvios, pero hay otros ex artistas que sí gozaron alguna vez del favor de las musas (no hay más que recordar la preciosa canción que, en su debut, Víctor Manuel le dedicara a Francisco Franco. Lo cierto es que suelen iniciarse en la piratería cuando se les acaban las ideas, o más bien las ganas de trabajar para tratar de tenerlas).
Sus métodos pueden despistarnos, pues no andan por la vida en barco, ni tienen el valor que requiere empuñar una espada. Han abandonado el ron, en favor del CD-Rom, y la bandera de la calavera por otras más discretas y actuales con las siglas de su banda: SGAE, VEGAP, etc.
Han ampliado su radio de acción, colonizando los mecanismos que en otros tiempos ampararon a una especie hermana: los corsarios. En virtud de esta reestructuración jurídica, y gracias a un juego de sobornos estándar, cuentan con el apoyo de las instituciones y sus representantes (muy próximos a ellos en capacidad intelectual y gusto estético), y en una evolución próxima a la de la mafia clásica, ejecutan un poder parademocrático que suele tener la forma de impuestos y normalmente recibe el nombre de canon.
Como los piratas de verdad en su momento, como el telar manual tras la aparición del mecánico, o como la comunicación mediante tambores después de inventarse el teléfono, estos zafios piratas tienen las horas contadas. Y nosotros, por una mera cuestión generacional, asientos de primera fila para asistir a su cochambrosa y ridícula agonía.
Así que, de momento, dejemos que nos sigan extorsionando. Querrá decir que siguen vivos, que todavía tenemos tiempo para asistir a su hecatombe.
Yo iría más allá... ¿es moralmente lícito que el dinero que nos recaudan a todos para que "no desaparezca la cultura", que es el argumento que más gusta a las entidades de gestión, se invierta en pleitos para amordazar a una revista cultural?
Incluso aunque fuera cierto y no lo es que de la lectura del artículo del señor Escargot se dedujera que el honor de la Sgae, que desde cuándo tienen honor las entidades jurídicas, ha sido mancillado y ha de ser restituido, la desproporción es tal que puede afirmarse que lo que hay detrás es una utilización torticera de la ley para callarles la boca. Los abogados de la Sgae los pagamos entre todos, incluidos los autores a los que se les merma su parte de recaudación para éstos y otros menesteres. Una revista independiente, restringida al ámbito de la creación literaria, difícilmente puede enfrascarse en querellas y pleitos aunque los gane, sin que su economía se resienta y peligre su subsistencia. Así, al margen de la sentencia, aquí ya se sabe quien pierde. Ya se sabe que la próxima vez tendrán más cuidado, ellos y tantas otras revistas, blogs, autores, etc. a los que con el dinero de todos es tan fácil callarnos. El objetivo es la autocensura, que es la peor de las censuras, y poco a poco con cosas como éstas, se va cumpliendo. Y ahí seguirán ellos, con su "quien me la hace, me la paga", eso sí, siempre que los costes los sigamos pagando todos los ciudadanos a escote.
Desde aquí sólo se me ocurre una cosa: además de mandar un abrazo a mis colegas de Quimera, reproducir el artículo. Ojalá que otros también lo hagan: quizá, si muchos lo hacemos y lo difundimos, echen sus cuentas estos vigías de occidente de pacotilla y vean que lo de amordazar puede ser también contraproducente.
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La horda de los gestores
por Trebor Escargot
(PUBLICADO EN EL Nº 282 DE LA REVISTA QUIMERA
En realidad va a parecer que no hablo de literatura, pero sí lo estaré haciendo. Si en este país la piratería prácticamente no afecta al mundo de la literatura, es sólo por motivos circunstanciales, prácticos. Haciendo uso de los medios a nuestra disposición, y obviando la posibilidad de leer en pantalla, en términos económicos hoy en día sale casi por lo mismo fotocopiar un libro que comprarlo. De ahí la narcótica sensación de oasis del noble arte de la escritura, aparentemente a salvo de estos desaprensivos malversadores: los piratas. Pero eso en realidad poco importa, porque la extorsión no tiene a un arte por objeto sino al ciudadano, al lector, al consumidor de productos culturales, y éste (como imagino que es su caso, lector disciplinado) unas veces lee libros y otras ve películas o escucha música. Por eso creo que es importante que usted lo sepa: los piratas existen, están ahí fuera, son malos y nos acechan. Su propósito es acabar con el arte, convertirlo en mercancía y traficar con ella. Le daré algunas pistas para que, en caso de toparse con uno de ellos, pueda usted identificarlo y actuar en consecuencia.
Un confuso vínculo une al pirata con el mundo del arte. Si hoy se dedica a chulearlo y chuparle la sangre en nombre de la gestión y la propiedad intelectual, en otros tiempos lo practicó, normalmente con escasa suerte y altas cotas de mediocridad. Luis Cobos o Pau Donés (que sigue en activo, en serio…) serían ejemplos obvios, pero hay otros ex artistas que sí gozaron alguna vez del favor de las musas (no hay más que recordar la preciosa canción que, en su debut, Víctor Manuel le dedicara a Francisco Franco. Lo cierto es que suelen iniciarse en la piratería cuando se les acaban las ideas, o más bien las ganas de trabajar para tratar de tenerlas).
Sus métodos pueden despistarnos, pues no andan por la vida en barco, ni tienen el valor que requiere empuñar una espada. Han abandonado el ron, en favor del CD-Rom, y la bandera de la calavera por otras más discretas y actuales con las siglas de su banda: SGAE, VEGAP, etc.
Han ampliado su radio de acción, colonizando los mecanismos que en otros tiempos ampararon a una especie hermana: los corsarios. En virtud de esta reestructuración jurídica, y gracias a un juego de sobornos estándar, cuentan con el apoyo de las instituciones y sus representantes (muy próximos a ellos en capacidad intelectual y gusto estético), y en una evolución próxima a la de la mafia clásica, ejecutan un poder parademocrático que suele tener la forma de impuestos y normalmente recibe el nombre de canon.
Como los piratas de verdad en su momento, como el telar manual tras la aparición del mecánico, o como la comunicación mediante tambores después de inventarse el teléfono, estos zafios piratas tienen las horas contadas. Y nosotros, por una mera cuestión generacional, asientos de primera fila para asistir a su cochambrosa y ridícula agonía.
Así que, de momento, dejemos que nos sigan extorsionando. Querrá decir que siguen vivos, que todavía tenemos tiempo para asistir a su hecatombe.
14.9.07
De los diez logos de la candidatura olímpica, algunos sólo salvábamos uno, que tenía un mínimo de calidad gráfica. Quedaba la esperanza de que ese ganara y se salvaran los muebles... pues va a ser que no. Ya le han pillado. Eliminado éste, podemos afirmar rotundamente que el ganador será un auténtico bodrio, hay nueve para elegir.
Primeros de septiembre, cena de diseñadores... tema estrella: el concurso del logo del gobierno. Y surge una nueva palabra para definir aquel diseño que pretende pasar por original y en realidad ha sido copiado con descaro y poca destreza de uno existente: REPULLAZO. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero no. El copyright es de Miguel Vagalume.
Moncloa ha rectificado, el segundo concurso, además de restringido, finalmente será remunerado. Se han perdido unos meses preciosos, que no nos engañemos, todo esto está condicionado por la proximidad de las elecciones. Tanto esfuerzo para llegar a lo que tendría que haber sido el punto de partida.
A pesar de que por tres veces habían dicho que la ley no permitía remunerar la participación en estos concursos, y a sólo cinco días de la finalización del plazo de entrega de las propuestas, los diseñadores han recibido una llamada en la que se les asegura que cobrarán tres mil euros por presentarse. Evidentemente, la ley sigue siendo la misma, quiere esto decir que existía perfectamente la fórmula para haberlo hecho desde el principio. Si de lo que se trataba es de gestionar bien el dinero público, actitud loable y de agradecer, podría haberse hecho obviando un concurso que sólo sirvió para saber que el logo del gobierno alemán es un buen logo, lástima que ellos lo usen también; tanto gastos de jurado como dotación como comunicación pública podrían haberse ahorrado. Y en la segunda fase, una convocatoria razonablemente restringida y remunerada (cinco o seis diseñadores) hubiera sido más barata y eficaz que todo este culebrón, que ha llevado a una situación sin precedentes: hasta catorce diseñadores pueden estar participando en un concurso restringido con remuneración.
En cualquier caso gana la dignidad de esta profesión: Mantenerse firmes como han hecho los “popes” cuando el atropello viene de donde viene, es un gesto que deberíamos agradecérselo todos, y especialmente los que defienden los concursos abiertos y no remunerados con el argumento de que siempre son los mismos los que participan, y no se dan oportunidades.
A pesar de que por tres veces habían dicho que la ley no permitía remunerar la participación en estos concursos, y a sólo cinco días de la finalización del plazo de entrega de las propuestas, los diseñadores han recibido una llamada en la que se les asegura que cobrarán tres mil euros por presentarse. Evidentemente, la ley sigue siendo la misma, quiere esto decir que existía perfectamente la fórmula para haberlo hecho desde el principio. Si de lo que se trataba es de gestionar bien el dinero público, actitud loable y de agradecer, podría haberse hecho obviando un concurso que sólo sirvió para saber que el logo del gobierno alemán es un buen logo, lástima que ellos lo usen también; tanto gastos de jurado como dotación como comunicación pública podrían haberse ahorrado. Y en la segunda fase, una convocatoria razonablemente restringida y remunerada (cinco o seis diseñadores) hubiera sido más barata y eficaz que todo este culebrón, que ha llevado a una situación sin precedentes: hasta catorce diseñadores pueden estar participando en un concurso restringido con remuneración.
En cualquier caso gana la dignidad de esta profesión: Mantenerse firmes como han hecho los “popes” cuando el atropello viene de donde viene, es un gesto que deberíamos agradecérselo todos, y especialmente los que defienden los concursos abiertos y no remunerados con el argumento de que siempre son los mismos los que participan, y no se dan oportunidades.
12.9.07
Los diseñadores que plantaron al gobierno
El concurso de ideas para el nuevo logotipo del gobierno ha acabado como acaban muchos concursos abiertos, con un plagio como resultado, que no podría ser utilizado aunque se quisiera.
Desatendiendo las voces de un sector indignado –recuérdese la carta avalada por la práctica totalidad de las asociaciones– y en una incomprensible huida hacia adelante en vez de enmendar los errores, el convocante ha mirado hacia otro lado. Y lejos de cuestionar la validez de un resultado vergonzante, el creador (?) del logo no sólo va a cobrar la dotación inmerecida sino que ha sido invitado al segundo concurso.
De todo esto, quizá lo peor es el fraude que supone para el resto de participantes. Es cada vez más habitual que los diseñadores profesionales no participen en este tipo de concursos, ni siquiera la expectativa de ganar es un aliciente para diseñadores establecidos que no necesitan especular con su trabajo. Esta es también, oficialmente, la postura de la mayoría de las asociaciones, dejando quizá al margen a la AEPD, que ha defendido últimamente los concursos abiertos “pero entre profesionales”. Hay que decir que esta es una postura novedosa, auspiciada por la actual directiva, tradicionalmente esta asociación ha sido de las más beligerantes en su negativa a los concursos abiertos, y queremos pensar que este nuevo rumbo no es necesariamente respaldado por la mayoría de sus asociados. En cuaquier caso, cabría esperar de los convocantes una actitud menos política; que los doce mil euros recompensen un trabajo que por razones obvias no va a utilizarse y por tanto no cumple los objetivos de la convocatoria, es un fraude, no ya sólo a los ciudadanos, que podemos indignarnos ante una malversación manifiesta de los recursos públicos, también a los más de trescientos bienintencionados participantes, que han de asistir pasmados e impotentes al atropello.
Durante el mes de agosto se convoca la “continuidad” de concurso, esa segunda entrega restringida para el desarrollo de la nueva identidad. Este nuevo concurso, otra vez sin remuneración, exigía nada menos que la presentación de diez paneles que incluyeran desde el propio logotipo y sus versiones secundarias, hasta las aplicaciones en merchandising (regalos, gorras, camisetas, boligrafos, etc), pasando por el photocall, cartela de spot para TV, creatividad en prensa, aplicaciones en entorno web, carteles, placas y señalética. Debía añadirse a ello además un manual básico de normas gráficas que recoja los usos y aplicaciones del diseño. Hay que insistir, porque parece increíble: todo ello para concursar, sin cobrar por ello, y se pretendía que participaran los primeros espadas del diseño patrio.
Una primera convocatoria es lanzada a una restringida selección de diseñadores conocidos, entre los que se encuentran varios premios nacionales. El importe máximo del contrato es de 30.000 euros IVA incluido, en el entendido de que la licitación lo es también en precio, pudiendo el participante rebajar dicha cuantía. Por poner un ejemplo, el gobierno de Cantabria, sin tantas exigencias y siendo un trabajo de envergadura y dificultad mucho menor, acaba de convocar un concurso similar con un presupuesto de 100.000 euros.
Resulta evidente que ni las cuantías ni las exigencias entran dentro de la lógica del mercado. Varios de los convocados manifiestan su malestar y declinan la invitación a presentarse, lo que provoca, por un lado, una segunda lista de convocados que llega hasta quince. En un intento de salvar los muebles, esta segunda invitación se acompaña de un documento explicativo, que lejos de aplacar los ánimos, los enciende aún más. En él se matiza, frente a las exigencias a las que aludíamos, que “En este concurso se espera una propuesta conceptual, no un manual de identidad visual. Esta propuesta deberá plasmarse, como mínimo, en un cartón pluma de 30cm x 42 cm. El plazo para su presentación es hasta el 12 de septiembre. No es necesario, aunque si recomendable, la realización de versiones en blanco y negro, negativo-positivo, así como identificadores en niveles o aplicaciones en diferentes soportes. Es decir, el material que los participantes consideren que es necesario para que se produzca la comprensión de la propuesta y la ponderación de sus rendimientos técnicos. La presentación de las diez láminas indicada en el pliego de prescripciones es una sugerencia meramente orientativa”. Para entendernos, las exigencias son ahora recomendaciones, en un intento de evitar la desbandada.
Pero no es eso todo, el cuarto punto del documento titulado “¿Por qué la participación en este concurso no está remunerada?” dice: “El Gobierno tiene la máxima consideración por los profesionales del diseño y es plenamente consciente de la importancia de su trabajo”. Vaya, no había ninguna necesidad de afirmarlo, sólo puede existir un motivo: son muy conscientes de lo contrario. Sigue: “Por eso ha querido contar con los mejores en lo que entendemos que es uno de los trabajos más destacados que se pueden realizar en nuestro país en el campo de la imagen visual institucional”. ¿Es necesario tanto halago y empalago cuando de lo que se trata es simplemente de contratar profesionales en la plenitud de conciencia de lo importante que es su trabajo?. Ciertamente no. Se diría que trata de compensarse con ello la absoluta falta de respeto manifiesta en todo este proceso por el trabajo y los conocimientos de los diseñadores. Y apostilla: “Pero las normas de derecho administrativo que rigen los contratos de la Administración General del Estado impiden la remuneración previa por la participación de estos concursos”. Esto puede ser cierto, pero no del todo, porque es legalmente eludible si hay voluntad para ello. Basta con convocar a través de una Sociedad Estatal, curiosamente hay una dedicada precisamente al diseño, a quienes debe salirles el dinero por las orejas a juzgar por lo que invierten en promocionar la artesanía. Se ha hecho otras veces, y se volverá a hacer. También puede convocarse un concurso, restringido o no, en el que no haya que trabajar por adelantado: valorándose trabajos anteriores, curriculum, trayectoria, propuesta económica, etc. A partir de ahí, se elige al diseñador más apropiado y sólo ese realiza el trabajo y lo cobra. Igual que cuando contratan la adquisición de sus vehículos oficiales, o la redecoración de sus despachos. Y para acabar de arreglarlo, en lo que ya supone un menosprecio que roza el insulto, concluye el documento: “En cualquier caso, la Secretaría de Estado de Comunicación está estudiando el tema y tiene previsto algún tipo de publicación de los trabajos, como reconocimiento del trabajo de los diseñadores, ya sea a través de una exposición o de una publicación y siempre de acuerdo con los autores”. Esto nos suena. Este del libro es exactamente el mismo argumento que vienen utilizando el BCD y el Ministerio de Industria desde hace años, cuando se les pregunta cómo es posible que existan más de cincuenta Premios Nacionales en nuestro país, todos ellos con dotación económica, y sólo uno, el Premio Nacional de Diseño, carece de ella. Parece que tratándose del colectivo del diseño los agravios son extrapolables y reutilizables. No es de recibo ese paternalismo, no es admisible que haya dinero para pagar libros y exposiciones que no son sino propaganda y triunfalismo del convocante y no lo haya para remunerar los trabajos que contengan. Los diseñadores no necesitan que se les deslumbre con espejitos ni abalorios, a buen seguro que se contentan con que se les pague su trabajo.
Los convocados
Cuando hemos ido conociendo cómo se desarrollaba esta segunda convocatoria, hemos querido hacer un pequeño trabajo de campo, a efectos meramente estadísticos, contactando a los convocados para saber cuántos de ellos iban a participar. En realidad no es importante quién sí y quién no, con la misma energía que podemos criticar las convocatorias de los concursos abiertos y los no remunerados, si estamos convencidos de que son contraproducentes para el convocante y para los diseñadores, con esa misma energía habrá que defender que mientras sigan convocándose, cada diseñador deberá legítimamente decidir qué postura toma, y si participa o no.
Pero los datos son concluyentes: de los quince convocados, doce diseñadores han manifestado no tener intención de presentarse; uno sí se presentará, uno no contestó y con otro no pudimos contactar. La primera reflexión ha de ser positiva. Dejando de lado que sus motivos sean egoístas o por la defensa del colectivo, es de agradecer que la inmensa mayoría no se preste a dar validez a lo que no la tiene, aunque, al margen del tema económico, la rentabilidad en imagen y la repercusión de un encargo así sea un caramelo para cualquiera.
Hasta aquí la denuncia o pataleta si se quiere, y la reivindicación gremialista. No es importante. El error enorme de este concurso es estratégico. Pensar que el problema es de colores, tipografías, trazos, o elementos gráficos que cualquiera pueda proponer en un concurso abierto es ingenuo. Para llegar a la conclusión de que debe estar el escudo, los colores de la bandera y el lema Gobierno de España les habría bastado con una llamada a Norberto Chaves, a Joan Costa o a Amando de Miguel. Se lo hubieran dicho gratis.
El efecto O.T.
En el fondo, y esperemos que no cunda el ejemplo, lo que está sucediendo es que convertir la creación gráfica en objeto de campaña de imagen puede resultar políticamente rentable. Y por lo mismo, si sale mal el coste en imagen es proporcional. Cuando la convocatoria del concurso es en sí el objetivo, los resultados son impredecibles. Está sucediendo también con la elección del distintivo para la candidatura olímpica de Madrid. Si entre 2691 propuestas, las diez mejores son las que con tanta reiteración hemos visto en los medios, a nadie escapa que el proceso era equivocado. Siempre que el objetivo fuera conseguir el mejor identificativo. En el más puro estilo televisivo, nadie sabe ni quién ni cómo ha hecho la selección. Ahora, mediante un sistema de votación ingenuamente fácil de manipular, se elegirán tres. Y otra vez, sabios expertos de incuestionable prestigio tendrán que decidir entre esos, que aunque en las bases pone que pueden dejarlo desierto, no alcanzo a pensar que el político admita que se contradiga la opinión del pueblo. De algo ya estamos seguros, gane el que gane, tendrán un logotipo de calidad discreta y escasísima eficacia. Con su pan se lo coman.
El concurso de ideas para el nuevo logotipo del gobierno ha acabado como acaban muchos concursos abiertos, con un plagio como resultado, que no podría ser utilizado aunque se quisiera.
Desatendiendo las voces de un sector indignado –recuérdese la carta avalada por la práctica totalidad de las asociaciones– y en una incomprensible huida hacia adelante en vez de enmendar los errores, el convocante ha mirado hacia otro lado. Y lejos de cuestionar la validez de un resultado vergonzante, el creador (?) del logo no sólo va a cobrar la dotación inmerecida sino que ha sido invitado al segundo concurso.
De todo esto, quizá lo peor es el fraude que supone para el resto de participantes. Es cada vez más habitual que los diseñadores profesionales no participen en este tipo de concursos, ni siquiera la expectativa de ganar es un aliciente para diseñadores establecidos que no necesitan especular con su trabajo. Esta es también, oficialmente, la postura de la mayoría de las asociaciones, dejando quizá al margen a la AEPD, que ha defendido últimamente los concursos abiertos “pero entre profesionales”. Hay que decir que esta es una postura novedosa, auspiciada por la actual directiva, tradicionalmente esta asociación ha sido de las más beligerantes en su negativa a los concursos abiertos, y queremos pensar que este nuevo rumbo no es necesariamente respaldado por la mayoría de sus asociados. En cuaquier caso, cabría esperar de los convocantes una actitud menos política; que los doce mil euros recompensen un trabajo que por razones obvias no va a utilizarse y por tanto no cumple los objetivos de la convocatoria, es un fraude, no ya sólo a los ciudadanos, que podemos indignarnos ante una malversación manifiesta de los recursos públicos, también a los más de trescientos bienintencionados participantes, que han de asistir pasmados e impotentes al atropello.
Durante el mes de agosto se convoca la “continuidad” de concurso, esa segunda entrega restringida para el desarrollo de la nueva identidad. Este nuevo concurso, otra vez sin remuneración, exigía nada menos que la presentación de diez paneles que incluyeran desde el propio logotipo y sus versiones secundarias, hasta las aplicaciones en merchandising (regalos, gorras, camisetas, boligrafos, etc), pasando por el photocall, cartela de spot para TV, creatividad en prensa, aplicaciones en entorno web, carteles, placas y señalética. Debía añadirse a ello además un manual básico de normas gráficas que recoja los usos y aplicaciones del diseño. Hay que insistir, porque parece increíble: todo ello para concursar, sin cobrar por ello, y se pretendía que participaran los primeros espadas del diseño patrio.
Una primera convocatoria es lanzada a una restringida selección de diseñadores conocidos, entre los que se encuentran varios premios nacionales. El importe máximo del contrato es de 30.000 euros IVA incluido, en el entendido de que la licitación lo es también en precio, pudiendo el participante rebajar dicha cuantía. Por poner un ejemplo, el gobierno de Cantabria, sin tantas exigencias y siendo un trabajo de envergadura y dificultad mucho menor, acaba de convocar un concurso similar con un presupuesto de 100.000 euros.
Resulta evidente que ni las cuantías ni las exigencias entran dentro de la lógica del mercado. Varios de los convocados manifiestan su malestar y declinan la invitación a presentarse, lo que provoca, por un lado, una segunda lista de convocados que llega hasta quince. En un intento de salvar los muebles, esta segunda invitación se acompaña de un documento explicativo, que lejos de aplacar los ánimos, los enciende aún más. En él se matiza, frente a las exigencias a las que aludíamos, que “En este concurso se espera una propuesta conceptual, no un manual de identidad visual. Esta propuesta deberá plasmarse, como mínimo, en un cartón pluma de 30cm x 42 cm. El plazo para su presentación es hasta el 12 de septiembre. No es necesario, aunque si recomendable, la realización de versiones en blanco y negro, negativo-positivo, así como identificadores en niveles o aplicaciones en diferentes soportes. Es decir, el material que los participantes consideren que es necesario para que se produzca la comprensión de la propuesta y la ponderación de sus rendimientos técnicos. La presentación de las diez láminas indicada en el pliego de prescripciones es una sugerencia meramente orientativa”. Para entendernos, las exigencias son ahora recomendaciones, en un intento de evitar la desbandada.
Pero no es eso todo, el cuarto punto del documento titulado “¿Por qué la participación en este concurso no está remunerada?” dice: “El Gobierno tiene la máxima consideración por los profesionales del diseño y es plenamente consciente de la importancia de su trabajo”. Vaya, no había ninguna necesidad de afirmarlo, sólo puede existir un motivo: son muy conscientes de lo contrario. Sigue: “Por eso ha querido contar con los mejores en lo que entendemos que es uno de los trabajos más destacados que se pueden realizar en nuestro país en el campo de la imagen visual institucional”. ¿Es necesario tanto halago y empalago cuando de lo que se trata es simplemente de contratar profesionales en la plenitud de conciencia de lo importante que es su trabajo?. Ciertamente no. Se diría que trata de compensarse con ello la absoluta falta de respeto manifiesta en todo este proceso por el trabajo y los conocimientos de los diseñadores. Y apostilla: “Pero las normas de derecho administrativo que rigen los contratos de la Administración General del Estado impiden la remuneración previa por la participación de estos concursos”. Esto puede ser cierto, pero no del todo, porque es legalmente eludible si hay voluntad para ello. Basta con convocar a través de una Sociedad Estatal, curiosamente hay una dedicada precisamente al diseño, a quienes debe salirles el dinero por las orejas a juzgar por lo que invierten en promocionar la artesanía. Se ha hecho otras veces, y se volverá a hacer. También puede convocarse un concurso, restringido o no, en el que no haya que trabajar por adelantado: valorándose trabajos anteriores, curriculum, trayectoria, propuesta económica, etc. A partir de ahí, se elige al diseñador más apropiado y sólo ese realiza el trabajo y lo cobra. Igual que cuando contratan la adquisición de sus vehículos oficiales, o la redecoración de sus despachos. Y para acabar de arreglarlo, en lo que ya supone un menosprecio que roza el insulto, concluye el documento: “En cualquier caso, la Secretaría de Estado de Comunicación está estudiando el tema y tiene previsto algún tipo de publicación de los trabajos, como reconocimiento del trabajo de los diseñadores, ya sea a través de una exposición o de una publicación y siempre de acuerdo con los autores”. Esto nos suena. Este del libro es exactamente el mismo argumento que vienen utilizando el BCD y el Ministerio de Industria desde hace años, cuando se les pregunta cómo es posible que existan más de cincuenta Premios Nacionales en nuestro país, todos ellos con dotación económica, y sólo uno, el Premio Nacional de Diseño, carece de ella. Parece que tratándose del colectivo del diseño los agravios son extrapolables y reutilizables. No es de recibo ese paternalismo, no es admisible que haya dinero para pagar libros y exposiciones que no son sino propaganda y triunfalismo del convocante y no lo haya para remunerar los trabajos que contengan. Los diseñadores no necesitan que se les deslumbre con espejitos ni abalorios, a buen seguro que se contentan con que se les pague su trabajo.
Los convocados
Cuando hemos ido conociendo cómo se desarrollaba esta segunda convocatoria, hemos querido hacer un pequeño trabajo de campo, a efectos meramente estadísticos, contactando a los convocados para saber cuántos de ellos iban a participar. En realidad no es importante quién sí y quién no, con la misma energía que podemos criticar las convocatorias de los concursos abiertos y los no remunerados, si estamos convencidos de que son contraproducentes para el convocante y para los diseñadores, con esa misma energía habrá que defender que mientras sigan convocándose, cada diseñador deberá legítimamente decidir qué postura toma, y si participa o no.
Pero los datos son concluyentes: de los quince convocados, doce diseñadores han manifestado no tener intención de presentarse; uno sí se presentará, uno no contestó y con otro no pudimos contactar. La primera reflexión ha de ser positiva. Dejando de lado que sus motivos sean egoístas o por la defensa del colectivo, es de agradecer que la inmensa mayoría no se preste a dar validez a lo que no la tiene, aunque, al margen del tema económico, la rentabilidad en imagen y la repercusión de un encargo así sea un caramelo para cualquiera.
Hasta aquí la denuncia o pataleta si se quiere, y la reivindicación gremialista. No es importante. El error enorme de este concurso es estratégico. Pensar que el problema es de colores, tipografías, trazos, o elementos gráficos que cualquiera pueda proponer en un concurso abierto es ingenuo. Para llegar a la conclusión de que debe estar el escudo, los colores de la bandera y el lema Gobierno de España les habría bastado con una llamada a Norberto Chaves, a Joan Costa o a Amando de Miguel. Se lo hubieran dicho gratis.
El efecto O.T.
En el fondo, y esperemos que no cunda el ejemplo, lo que está sucediendo es que convertir la creación gráfica en objeto de campaña de imagen puede resultar políticamente rentable. Y por lo mismo, si sale mal el coste en imagen es proporcional. Cuando la convocatoria del concurso es en sí el objetivo, los resultados son impredecibles. Está sucediendo también con la elección del distintivo para la candidatura olímpica de Madrid. Si entre 2691 propuestas, las diez mejores son las que con tanta reiteración hemos visto en los medios, a nadie escapa que el proceso era equivocado. Siempre que el objetivo fuera conseguir el mejor identificativo. En el más puro estilo televisivo, nadie sabe ni quién ni cómo ha hecho la selección. Ahora, mediante un sistema de votación ingenuamente fácil de manipular, se elegirán tres. Y otra vez, sabios expertos de incuestionable prestigio tendrán que decidir entre esos, que aunque en las bases pone que pueden dejarlo desierto, no alcanzo a pensar que el político admita que se contradiga la opinión del pueblo. De algo ya estamos seguros, gane el que gane, tendrán un logotipo de calidad discreta y escasísima eficacia. Con su pan se lo coman.
3.9.07
Cuando saltó el despropósito que suponía el concurso de ideas para el logotipo del gobierno, hace dos meses, parecía que era un escándalo considerable... quién nos iba a decir que aquello era sólo la anécdota, y que lo peor estaba aún por venir.
Los hechos son conocidos, el hilo ha podido seguirse en internet en foros y bitácoras, y la mayoría de periódicos se han hecho eco en sus páginas.
Como se recordará, las asociaciones habían firmado un documento conjunto protestando por la convocatoria del concurso. Presidencia de Gobierno, viendo que existía un malestar general entre los profesionales, contacta con algunas de estas asociaciones ofreciéndoles estar en el jurado, siendo AEPD la única que se somete. En un comunicado a sus socios, justifica el cambio de postura argumentando que “consideramos que en la práctica un buen jurado, experto, representativo y profesional puede introducir esas mejoras y seleccionar la mejor propuesta, objeto del concurso, o en el caso de no haber propuestas de suficiente calidad declararlo desierto. (…) Entendemos que la posición de negativa del concurso y de enfrentamiento a las instituciones, dificulta futuras negociaciones y crea un abismo entre éstas y los diseñadores”. De lo que ha pasado después se deduce que esta complacencia no estaba justificada: proceso y resultado han sido desastrosos, y no se tenía que haber estado ahí.
La convocatoria sigue su curso sin variar un ápice el planteamiento. Los plazos de tiempo se superan y no es hasta mediados de agosto cuando se conocen los resultados. El mismo día en que los periódicos publican el logotipo ganador, en varios foros sobre diseño aparece la información de que es prácticamente igual que el del gobierno alemán, diseñado hace una década por el prestigioso estudio MetaDesign.
El plagio
No es poco habitual que en un concurso abierto e indiscriminado acabe por descubrirse que el trabajo ganador es un plagio. Por muy experto que sea el jurado, es imposible evitarlo. Aunque en este caso, la copia es tan torpe y evidente, y la referencia tan relevante que a poco que hubieran hecho los deberes, se habrían dado cuenta.
En realidad es una consecuencia del proceso viciado: la profesionalidad se demuestra también en eso, y cuando se renuncia a ella de antemano...
En cualquier proceso de diseño de identidad la investigación de lo existente es un eje fundamental en la fase previa. En muchas ocasiones, en el mismo encargo existe documentación al respecto, y si no es así es el propio diseñador quien la recaba. Por otra parte, las exigencias de un buen brief, y en su caso el contrabrief que el diseñador realice y consensue con el cliente, marcan las pautas a seguir, las necesidades, los objetivos, el target, etc. Todo este proceso es inexistente en los concursos abiertos. Siendo así, no es de extrañar que existan auténticos profesionales del concurseo. Al fin y al cabo, en estos casos el objetivo no tiene nada que ver con el diseño: se trata de ganar el concurso, y el público objetivo es el jurado.
Dejando la profesionalidad al margen, es sencillo: uno elabora una recopilación de trabajos ya hechos con características similares, en eso internet y Google son una gran ayuda, y en pocos minutos se dispone de cientos de soluciones. Por este procedimiento es barato, rápido y rentable presentarse a decenas de concursos: turismo, identidad, carteles, etc. Lo más probable es que nadie se dé cuenta, e incluso aunque así sea, la polémica saltará cuando ya se haya obtenido el importe del premio, que las instituciones rara vez reclaman, porque sería tanto como reconocer su error. Frente a esto sólo hay dos obstáculos: el primero es que uno se juega su prestigio profesional: para ello hay que tenerlo, y que importe perderlo. También hay una cuestión de ética profesional, a la que apelar a estas alturas resulta ingenuo.
Cuando se descubre “el pastel”, siempre queda como recurso intentar acogerse a la coincidencia... No es el caso: Cuando Juan Repullés, director del estudio Margen y autor del logo es preguntado en una entrevista en el diario ADN sobre si conocía el logotipo del Gobierno alemán, contesta: “Por supuesto. Hemos analizado los logos de todos los países europeos y de otras importantes naciones, no sólo de Alemania”.
El reconcurso
Algunos diseñadores “de reconocido prestigio” han recibido a mediados de agosto una carta convocándoseles a un nuevo concurso. También estaba previsto que participara el ganador, queda por saber si después del affair Moncloa les mantendrá en la terna. El concurso para desarrollar el trabajo seleccionado estaba contemplado en las bases del primero, hay que pensar que en realidad se tratará de hacer un logo nuevo. El presupuesto es de 30.000 euros, que tampoco es para tirar cohetes.
Los que trabajan para la administración y saben de esto dicen que nada hay más sospechoso que los concursos que se convocan en agosto, y cuyo plazo se cierra en los primeros días de septiembre. La suspicacia está servida, más aun si a ello se une que entre 320 ganó uno que ya trabajaba “para la casa”, pues el estudio Margen es el responsable del diseño de las webs corporativas de la Moncloa y la del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.
Varios de los convocados han manifestado su intención de no participar en el “reconcurso”, lo que les honra. Y desmonta en parte la argumentación simplista de quienes defienden que los concursos abiertos rompen la inercia de que siempre sean los mismos los convocados.
Los hechos son conocidos, el hilo ha podido seguirse en internet en foros y bitácoras, y la mayoría de periódicos se han hecho eco en sus páginas.
Como se recordará, las asociaciones habían firmado un documento conjunto protestando por la convocatoria del concurso. Presidencia de Gobierno, viendo que existía un malestar general entre los profesionales, contacta con algunas de estas asociaciones ofreciéndoles estar en el jurado, siendo AEPD la única que se somete. En un comunicado a sus socios, justifica el cambio de postura argumentando que “consideramos que en la práctica un buen jurado, experto, representativo y profesional puede introducir esas mejoras y seleccionar la mejor propuesta, objeto del concurso, o en el caso de no haber propuestas de suficiente calidad declararlo desierto. (…) Entendemos que la posición de negativa del concurso y de enfrentamiento a las instituciones, dificulta futuras negociaciones y crea un abismo entre éstas y los diseñadores”. De lo que ha pasado después se deduce que esta complacencia no estaba justificada: proceso y resultado han sido desastrosos, y no se tenía que haber estado ahí.
La convocatoria sigue su curso sin variar un ápice el planteamiento. Los plazos de tiempo se superan y no es hasta mediados de agosto cuando se conocen los resultados. El mismo día en que los periódicos publican el logotipo ganador, en varios foros sobre diseño aparece la información de que es prácticamente igual que el del gobierno alemán, diseñado hace una década por el prestigioso estudio MetaDesign.
El plagio
No es poco habitual que en un concurso abierto e indiscriminado acabe por descubrirse que el trabajo ganador es un plagio. Por muy experto que sea el jurado, es imposible evitarlo. Aunque en este caso, la copia es tan torpe y evidente, y la referencia tan relevante que a poco que hubieran hecho los deberes, se habrían dado cuenta.
En realidad es una consecuencia del proceso viciado: la profesionalidad se demuestra también en eso, y cuando se renuncia a ella de antemano...
En cualquier proceso de diseño de identidad la investigación de lo existente es un eje fundamental en la fase previa. En muchas ocasiones, en el mismo encargo existe documentación al respecto, y si no es así es el propio diseñador quien la recaba. Por otra parte, las exigencias de un buen brief, y en su caso el contrabrief que el diseñador realice y consensue con el cliente, marcan las pautas a seguir, las necesidades, los objetivos, el target, etc. Todo este proceso es inexistente en los concursos abiertos. Siendo así, no es de extrañar que existan auténticos profesionales del concurseo. Al fin y al cabo, en estos casos el objetivo no tiene nada que ver con el diseño: se trata de ganar el concurso, y el público objetivo es el jurado.
Dejando la profesionalidad al margen, es sencillo: uno elabora una recopilación de trabajos ya hechos con características similares, en eso internet y Google son una gran ayuda, y en pocos minutos se dispone de cientos de soluciones. Por este procedimiento es barato, rápido y rentable presentarse a decenas de concursos: turismo, identidad, carteles, etc. Lo más probable es que nadie se dé cuenta, e incluso aunque así sea, la polémica saltará cuando ya se haya obtenido el importe del premio, que las instituciones rara vez reclaman, porque sería tanto como reconocer su error. Frente a esto sólo hay dos obstáculos: el primero es que uno se juega su prestigio profesional: para ello hay que tenerlo, y que importe perderlo. También hay una cuestión de ética profesional, a la que apelar a estas alturas resulta ingenuo.
Cuando se descubre “el pastel”, siempre queda como recurso intentar acogerse a la coincidencia... No es el caso: Cuando Juan Repullés, director del estudio Margen y autor del logo es preguntado en una entrevista en el diario ADN sobre si conocía el logotipo del Gobierno alemán, contesta: “Por supuesto. Hemos analizado los logos de todos los países europeos y de otras importantes naciones, no sólo de Alemania”.
El reconcurso
Algunos diseñadores “de reconocido prestigio” han recibido a mediados de agosto una carta convocándoseles a un nuevo concurso. También estaba previsto que participara el ganador, queda por saber si después del affair Moncloa les mantendrá en la terna. El concurso para desarrollar el trabajo seleccionado estaba contemplado en las bases del primero, hay que pensar que en realidad se tratará de hacer un logo nuevo. El presupuesto es de 30.000 euros, que tampoco es para tirar cohetes.
Los que trabajan para la administración y saben de esto dicen que nada hay más sospechoso que los concursos que se convocan en agosto, y cuyo plazo se cierra en los primeros días de septiembre. La suspicacia está servida, más aun si a ello se une que entre 320 ganó uno que ya trabajaba “para la casa”, pues el estudio Margen es el responsable del diseño de las webs corporativas de la Moncloa y la del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.
Varios de los convocados han manifestado su intención de no participar en el “reconcurso”, lo que les honra. Y desmonta en parte la argumentación simplista de quienes defienden que los concursos abiertos rompen la inercia de que siempre sean los mismos los convocados.
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Álvaro Sobrino. Diseñador gráfico, periodista y editor.
Mantiene una columna en la revista VISUAL, con el nombre de Crónicas de Pseudonimma, donde recoge opiniones de otros y las suyas propias acerca de la actualidad del diseño español.