El paréntesis Wert, las medias verdades y las bibliotecas

Desde el mes de enero, las bibliotecas públicas no reciben sus suscripciones a revistas culturales. El paréntesis Wert es el hueco que quedará en las estanterías de las bibliotecas, ese vacío en las colecciones de las revistas. Por activa y por pasiva el ministro y los que mandan en el Ministerio se empeñan en las medias verdades. Hace unos días, en el Congreso de los Diputados decía el ministro:

"Este es un problema jurídico, no es un problema material o sustantivo y primero tenemos que intentar resolverlo jurídicamente".

Posiblemente lo sea. Y haya que resolverlo. Los problemas jurídicos se resuelven con la Ley en la mano. Lo que se ha hecho, en lugar de buscar una solución, es eliminar el problema. Lo que viene siendo tirar por la calle de enmedio, o una eutanasia cultural, si se prefiere. Dijo también el ministro:

"la forma en que se estaba realizando este apoyo directo a las revistas culturales a través de compra en bloque vulneraba posiblemente la Ley General de Subvenciones". 

Hay que insistir que esta fórmula que se cuestiona ahora es la que lleva veinte años usándose: incluso aunque fuese verdad que vulnera la Ley de Subvenciones y lleva veinte años haciéndolo, parece difícil justificar la urgencia con que se ha tomado la decisión, habida cuenta de la proporción de las consecuencias.

Las leyes no se vulneran "posiblemente". O se vulneran o no. Y para ello, hay que esperar a determinadas garantías por si acaso no se vulneran. Entre otras cosas, porque si las decisiones se toman en base a "posiblementes" no cabe recurrirlas ni argumentarlas en contra. Que quizá sea lo que se buscaba.

"...se había recibido en el ministerio una advertencia en este sentido por parte del Tribunal de Cuentas".

Ni los ciudadanos, ni las bibliotecas públicas ni las revistas culturales, a quienes afecta de manera directa esa "advertencia" han tenido acceso a ella. Es de sentido común que su existencia ponía a los responsables en la tesitura de elegir entre dos vías: podían haber optado por subsanar las deficiencias, encontrando una solución jurídica al problema. La otra, esperar a que el Tribunal emitiera su dictamen, ante el que ellos mismos o terceros afectados podrían elevar recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo.
Pero ni lo uno ni lo otro. En un exceso de celo –llamémoslo así– se opta por interrumpir las adquisiciones de revistas culturales en las bibliotecas públicas. Ignoro si con ello el Tribunal interrumpe el proceso y no existirá nunca el dictamen que avale esa decisión, o si por el contrario éste sigue su curso. Si así fuera, podría darse la paradoja de que éste no encontrara vulneración a la Ley de Subvenciones. O que sí encontrara que se vulnera, y que alguien decidiera recurrirlo (o no). En uno y otro caso, la consecuencia es similar: en lo que dure ese proceso las bibliotecas no habrán recibido las revistas, un daño que no podrá repararse.

Ante todo este despropósito solo acierto a intuir dos motivaciones: que los responsables hayan querido curarse en salud, poner la venda antes que la herida. O que detrás esté una voluntad política de recortar también por ahí. Personalmente me da igual, porque otra vez las consecuencias son las mismas: los ciudadanos no podrán leer las revistas en las bibliotecas, los editores de éstas verán empeorar sus ya maltrechas economías –la medida ya se está llevando por delante unas cuantas cabeceras, algunas históricas y que forman parte del patrimonio cultural de este país– y las bibliotecas verán mermadas también por esta vía sus adquisiciones.

"Estamos buscando una fórmula de encaje legal, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque a nosotros también nos parecería un drama que desaparecieran las revistas culturales, y por nuestra parte vamos a hacer lo necesario para evitarlo"

Por mucho que insista el ministro, el proceso es erróneo. Al invertirse en el tiempo las medidas a tomar, el "paréntesis Wert" es ya desde este mes de enero una realidad. Lo lógico hubiera sido encontrar la solución jurídica primero, evitando interrumpir las subvenciones. Pero se ha hecho al revés. Es cuestión de semanas, ni siquiera meses, el que el daño sea irreparable.